De cómo Guatemala hizo justicia y dio ejemplo al mundo

Moisés Castillo / AP

Moisés Castillo / AP

Ríos Montt se hacía llevar, así me lo contaron, el desayuno del hotel Panamerican. Algo avejentado, rancio y oloroso en sus maderas y sus rincones con detalles de artesanía, sus camareros de miradas bajas y ropas seudofolklóricas, ese es mi recuerdo del Panamerican, en el mismo centro caótico, polucionado y ansioso de la Zona 1 de Ciudad de Guatemala. Es un hotel con solera donde concertar encuentros. Y el desayuno, huevos, frijoles, queso blanco, plátano, tortillas de maíz, el café más suave del mundo, es una comida completa; no es algo que me pareciera al alcance de cualquiera. Ahora, espero que a Ríos Montt no se lo lleven a la cárcel de Matamoros (aunque nunca se sabe).
José Efrain Ríos Montt, general del ejército, reconvertido en pastor evangélico insolente y hombre fuerte del país en ropas civiles, ha sido condenado a 50 años de cárcel por genocidio y 30 años por crímenes de lesa humanidad. En razón de las leyes de Guatemala, la pena se reduce a 50 años. El condenado cumplirá 87 en junio.
Ríos Montt era tan insignificante, en términos relativos, en el ámbito de los gobernantes criminales, y Guatemala es tan pequeña e importa tan poco en el mundo si no tiene la atención de Estados Unidos, que el proceso del general no les ha importado lo más mínimo a los medios de prensa. Hasta que le han condenado. Nunca hasta ahora ningún ex dictador, ningún ex gobernante había sido juzgado y condenado por genocidio en su propio país y por sus propias leyes. La excepción es el proceso a los jemeres rojos en Camboya, que aún no ha concluido y cuyo líder, Pol Pot, escapó a la justicia muriéndose a tiempo.
El Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, que de momento tan sólo ha sido capaz de abrir proceso a asesinos de baja graduación de las guerras africanas, debería reflexionar ahora sobre sus ambiciones y sus alcances. Especialmente, después de que aceptara una acusación motivada políticamente y escasa de pruebas fehacientes contra el coronel Gadafi, su hijo y su cuñado, que fue manejada por un fiscal de opereta, conocido como protagonista de un programa de juicios en la televisión argentina.
Lo que ha sucedido en Guatemala es histórico (esta vez este calificativo tan manido es fidedigno), y también es una lección de valentía y perseverancia que, en un país extremadamente violento, donde el poder de los militares hasta sido total hasta anteayer, parecía impensable. De hecho, tres semanas atrás, una trifulca legal entre el tribunal que juzgaba a Ríos Montt y la Corte de Constitucionalidad a cuenta de un lío con la defensa, no apuntaba a nada bueno. Y sin embargo…
A la jueza Jazmín Barrios, que al leer la sentencia señaló que no habría paz en Guatemala sin justicia, le lanzaron granadas a su casa hace doce años cuando abría el juicio por el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala Juan Gerardi, el hombre que fue capaz de señalar por escrito a toda la casta militar. Gerardi estuvo a cargo del informe Nunca más sobre los 36 años de guerra en el país, guerra civil, si se quiere, o guerra contrainsurgencia desde el punto de vista de los generales, que se fueron relevando en el poder, el peor de los cuales en aplicar una política de “tierra arrasada” -ya establecida por sus predecesores- fue Ríos Montt.
Al obispo Gerardi lo mataron poco después de la presentación del informe, en 1998, dos años después de un acuerdo de paz con las guerrillas que los sucesivos gobiernos del país no han cumplido más que en un 30%. Se trata de un informe bastante técnico, pero señala, por ejemplo, cómo el ejército en determinadas zonas del llamado Triángulo Ixil (de los mayas ixiles), en el corazón del país, evitaba enfrentarse con la guerrilla para dedicarse a masacrar a la población civil. Es lo que en términos de contrainsurgencia se llama quitarle el agua al pez (el pez era el indígena armado), y supone quemar viviendas y campos de cultivo, talar bosques, expulsar a la población, , violar mujeres, desventrar embarazadas y descalabrar bebés, mutilar hombres, robar niños… Todo ello según planes definidos: el Plan Sofía, el Plan Victoria 82, el Plan Firmeza 83… Se cuentan 200.000 muertos y desaparecidos en esos 36 años de una guerra larga y lenta, que no recibió ni mucho menos la misma atención mediática que las de Nicaragua y El Salvador y cuyas víctimas eran mayoritariamente indígenas.
Ríos Montt, como general presidente (por golpe de estado) entre marzo de 1982 y agosto de 1983 (hasta otro golpe de estado que le derrocó) fue el más sanguinario. La condena por genocidio sólo hace referencia, sin embargo, a 1.771 muertes y al desplazamiento forzado de decenas de miles de personas. Sin embargo, bajo su mandato hubo 440 masacres, con 12.000 muertos y unos 3.000 desaparecidos. Nunca llegó a dejar del todo el poder. Gobernó (es un decir) a la sombra de presidentes civiles y, bajo una apariencia de país democrático sobre el que no se discutía a escala internacional, en el año 2000 Ríos Montt era nada menos que presidente del Congreso.
En 1999, Rigoberta Menchú, 17 organizaciones civiles, quince acusaciones particulares y el propio procurador de derechos humanos de Guatemala presentaron una querella ante la Audiencia Nacional española contra Ríos Montt y otros dos generales, su predecesor en el poder, Fernando Romeo Lucas García, y su sucesor, Óscar Humberto Mejía Víctores. Aprovechaban el tirón del “caso Pinochet”, abierto tres años antes. El juez Guillermo Ruiz Polanco admitió la querella. Pero la intervención de Eduardo Fungairiño, el fiscal jefe de la Audiencia de infausto recuerdo (se oponía asimismo a admitir los casos contra Pinochet y los militares argentinos), resultó fatal. Fracasó un recurso ante el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se desentendió del caso. Máximo Cajal, que estaba al frente en 1980 de la embajada que sufrió el asalto criminal de los militares, había testificado ante el juez Ruiz Polanco, dispuesto a participar en el proceso. Al socialista Cajal, embajador en Suecia, en Francia, en la OTAN…, José María Aznar lo había ninguneado en público y marginado como cónsul en Montpellier.
Por las mismas fechas en que Fungairiño argumentaba, para rechazar el caso en España, que en Guatemala había “voluntad de justicia”, ocho miembros de la judicatura guatemalteca huían del país por amenazas, un juez era linchado y la casa de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Conchita Mazariegos, era tiroteada por meterse con Ríos Montt.
Ríos Montt, presidente del Congreso, manipuló con los diputados de su partido una ley sobre venta de bebidas, y ante el intento –valeroso- de la Corte Suprema de quitarle la inmunidad por esa ilegalidad cometida, intentó modificar las leyes parlamentarias para evitarlo. La jueza Mazariegos logró entonces imponer el desafuero, sin duda con el respaldo moral de las causas abiertas no sólo en España sino también en Bélgica. Pero salió mal. Tanto, que la propia Corte de Constitucionalidad permitió, por cuatro votos a tres, que Ríos Montt presentara su candidatura a la presidencia en el 2003. No ganó, desde luego; obtuvo un 18%.
El caso volvió a España en el 2005, gracias a una resolución del Tribunal Constitucional. Durante cuatro años, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, estuvo recibiendo testigos. Pero la Corte de Constitucionalidad guatemalteca tan pronto aceptaba como rechazaba extraditar a los acusados, que nunca llegaron a Madrid. Por fin, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, impulsada –con gran preocupación y prisas- a raíz del intento de procesar en España al ex ministro de Defensa israelí Beniamin Ben Eliécer por un criminal bombardeo de Gaza en 2002, dejó el asunto definitivamente en Guatemala.
En enero de 2012 Ríos Montt acabó su mandato como diputado y perdió por fin la inmunidad parlamentaria. Sobre él cayeron entonces las denuncias presentadas en los tribunales de Guatemala.
Es una cruel paradoja que Fungairiño haya acabado de algún modo teniendo razón cuando afirmó, como argumento para rechazar el caso, que en Guatemala había “voluntad de justicia”. La ha habido. Pero esa justicia ha costado presiones, amenazas, atentados y asesinatos, tanto a miembros de la judicatura como a defensores de los derechos humanos, periodistas, ciudadanos… Y aún sorprende más este triunfo de la justicia en un país que en la década pasada alcanzaba grados de violencia superiores a los de los años de la guerra. Sobre esta violencia extendida y enquistada ha reflexionado mucho el escritor Rodrigo Rey Rosa en sus breves, afiladas novelas (una lectura que recomiendo), pintando un panorama poco menos que desesperanzado.
Durante años he recibido los informes mensuales del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una oenegé dedicada sobre todo a los desaparecidos, que son del orden de los 45.000. Al principio, era alentador -e incluso daba envidia, visto desde España- que, con los acuerdos de paz todavía muy recientes se descubrieran y se abrieran las fosas comunes de la guerra. Luego empezaron a llegar los listados cargados de cifras con las víctimas de todo tipo de violencia, política, criminal, civil. Y los números eran cada vez más elevados. Al final, de año en año, uno los leía con profunda desazón.
El magistrado español Carlos Castresana, parte de cuyo trabajo en Guatemala consistió en ayuda al imperio de la ley, me dijo a finales de 2009 que, en efecto, “el número de muertes violentas no ha dejado de crecer desde los acuerdos de paz”. Y enumeraba los totales durante el mandato de cada presidente: 12.000 con Álvaro Arzú, 14.000 con Alfonso Portillo, 21.000 con Óscar Berger, cerca de 25.000 con Álvaro Colom. “Son cifras prácticamente de conflicto; no son cifras de un país en paz, teniendo en cuenta que no llega trece millones de habitantes”. Castresana, uno de los iniciadores de las causas contra Pinochet y los dictadores argentinos desde la Unión Progresista de Fiscales, había recibido el encargo de la ONU de dirigir la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
“Me preocupa -decía- un dato muy significativo que me gusta repetir: el país consume el doble de munición que durante la guerra; en aquella época eran 25 millones de balas al año y ahora son 50 millones. ¿Dónde se disparan? Es obvio que una buena parte se destina al contrabando pero otra se dispara en el país, y eso significa que hay un conflicto, que no lo es en el sentido legal y político del término pero sí de otra naturaleza que está pendiente de resolver.”
La violencia generalizada tenía dos aspectos. Uno, la violencia doméstica, que costaba la vida a 700 mujeres al año. En Ciudad Juárez (México), señalaba Castresana, “estamos hablando de 400 mujeres en diez años”, señalaba. En Guatemala, “a la mujer no la mata un extraño. la mata su marido, su novio, su padre, su conviviente, su compañero de trabajo, su jefe…” El otro aspecto: la colusión de delincuencia común y crimen organizado, local y transnacional -el narcotráfico. La particularidad estaba en el origen o la raíz del crimen organizado en buena parte. Como suele ocurrir siempre, los paramilitares -si los hay, y en Guatemala los había- y los servicios de inteligencia acaban creando su red mafiosa.
El último informe del GAM, referido al periodo de enero a abril de este año, registra 2.129 muertes violentas, un 12,2% más que el año anterior en las mismas fechas, y un aumento de la violencia contra los niños del 23% y contra las mujeres, del 18,9% mes a mes. Carlos Castresana, constatando un índice de impunidad del 98%, es decir, tan sólo un 2% de los casos se resuelven, llegaba a decir que “en Guatemala el sistema de justicia se puede considerar casi colapsado”.
¿Cómo fue posible, entonces, que en este ambiente se dieran las condiciones para perseguir a Ríos Montt?
“Bueno…, algunos jueces están funcionando”, me dijo sencillamente Mario Polanco, coordinador del GAM, cuando le pregunté si es que se había producido un milagro. A las juezas Carol Patricia Flores e Iris Jazmín Barrios les cabe sobre todo el mérito por su valentía. Pero, además, Polanco apuntaba a la existencia de una nueva generación tanto en los puestos de la judicatura como en el ejército. Fue significativo que en la Sala A del Tribunal de Alto Riesgo (no es broma, se llama así), los militares que acompañaban a Ríos Montt salieran momentos antes de que se dictara sentencia, un signo claro de que le abandonaban. “El ejército ha cambiado –decía Polanco-. Y, aunque los militares se protegen entre ellos, hay posibilidad de señalarlos”. Un factor que ha debilitado a los militares es el hecho de que saliera a la luz el saqueo que llevaban a cabo de los fondos de Defensa: hasta el equivalente a 150 millones de euros entre 2005 y 2009. Uno de ellos es hijo de Ríos Montt, Enrique Ríos Sosa.
Por otro lado, la oligarquía guatemalteca ya no forma un todo monolítico. Continúa asegurando que no existió el genocidio, pero ya no puede impedir el debate público. La necesidad de una apariencia democrática es mayor. Y el antes todopoderoso Ríos Montt ya no es digno de ser salvado. Los otros dos encausados principales no cuentan: Romeo Lucas murió en su exilio de Venezuela y Mejía Víctores se ha librado consiguiendo ser declarado loco. “Pero no lo está, ni tampoco en silla de ruedas: se pasea…”
Las amenazas a la judicatura van a seguir, desde luego. El mayor riesgo, señala Mario Polanco, es que el año próximo tiene que haber cambio de magistrados “y las mafias quieren tomar el control”: los propios militares, los narcos, e incluso el llamado “rey del tenis”, Roberto López Villatoro, un ex yerno de Ríos Montt que se ha hecho rico importando zapatillas deportivas, al parecer falsificadas. Carlos Castresana ya se enfrentó con ese fenómeno de asalto a la justicia: la ONU se tuvo que hacerse valer para detenerlo, y fue complicado porque, al fin y al cabo, estaba injiriendo en asuntos internos del país. Castresana denunció a López Villatoro y a cinco de un total de ocho magistrados propuestos para el Tribunal Supremo, cuatro de los cuales formaban un grupo de interés vinculado al “rey del tenis”.
Quedan todavía bastantes criminales por procesar. Uno es Benedicto Lucas, hermano de Romeo Lucas y de 80 años. Y otro es nada menos que el actual presidente de la república.
General retirado, Otto Pérez Molina ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos guatemaltecas y estadounidenses como uno de los responsables de la masacre de Nebaj –una de las localidades del Triángulo Ixil- en septiembre de 1982. También se le vincula al asesinato del obispo Juan Gerardo. Se trata de organizaciones pequeñas y poco importantes, según Pérez Molina. Un solo testigo, protegido por la fiscalía, un mecánico de un batallón de Ingenieros presente en Nebaj llamado Hugo Reyes, declaró contra él en el proceso a Ríos Montt identificándole como el mayor Tito Arias, el nombre con el que Pérez Molina, graduado –cómo no- en la siniestra Escuela de las Américas, era conocido en aquel entonces.
Es un solo testigo, ha dicho en esta ocasión el presidente. Podían haber sido dos: el periodista norteamericano Allan Nairn, que cubría la guerra en aquellos años, no pudo testificar, según él mismo ha declarado en televisión, por el temor a que Pérez Molina detuviera todo el proceso a Ríos Montt. Protegido por su acceso a la presidencia, en noviembre del 2011, Otto Pérez Molina puede permitirse decir que respeta “las instituciones de justicia” y que no tiene “ningún problema” en pedir perdón en nombre del Estado. “Por ahora es intocable –dice Mario Polanco-. Y hace falta reunir más pruebas”.
Antiguo alumno de la siniestra Escuela de las Américas –donde Estados Unidos formó a una generación de torturadores latinoamericanos-, Otto Pérez Molina contaba con el beneplácito de La Embajada para que un general octogenario, útil ya para nada, fuera empapelado, y tiene el mejor escudo posible, que es el que han dado las urnas. Pero todo dependerá de lo que haga en el tiempo que le queda de mandato.

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